Opinión por Juan Sáenz Cavia

El hecho y la posterior noticia empezó a tomar intensidad con los resultados de las elecciones ya consumados y con la seguridad que sería el actual gobierno el que debía dar respuesta a las veinte familias que usurparon primero un terreno contiguo al Barrio Cirigliano para después mover sus bártulos y carpas improvisadas a otro espacio lindero.

Con la presencia de mujeres y niños, siempre ideales para espantar la idea de la utilización de la fuerza como método de dispersión de los usurpadores. Y con los distintos artilugios tan comunes para estas cuestiones como delimitar con estacas y sogas, armar improvisados cobertizos y el infaltable fueguito humeante que identifica como nunca la premisa “de acá no nos movemos”, las familias que se instalaron en el terreno lograron su cometido de ser escuchadas y atendidas por el mismísimo Jefe Comunal, para juntos encontrar la solución a la enorme problemática que supone la emergencia habitacional por la que pasa nuestro Lincoln.

Esa es en resumidas palabras la crónica de un hecho y una práctica que debemos aprender a solucionar de otra forma que no sea por medio del apriete y el chantaje.

Por todos es conocida la premisa en esas películas “yanquis” donde los buenos obligan a los terroristas a deponer las armas antes de sentarse a dialogar. Exactamente lo contrario de lo que hacemos acá. Palabras como constitucionalidad, gobernabilidad y sobre todo legalidad son tan imprescindibles como necesarias para encarar la discusión en estas cuestiones.

Es inadmisible que el Intendente Municipal o cualquier otro integrante del estado acepte el diálogo con alguien cuyo primer movimiento está inmerso en la ilegalidad y en cuestiones que van por fuera de la ley. 

Si el método de peticionar al ejecutivo por parte de una veintena de ciudadanos es la coacción, la ilegalidad y el “que me ofrecés para que nos vayamos”, estamos yendo no solo detrás del problema, sino además rompiendo una de las premisas fundamentales que debe tener toda sociedad, que es el respeto por la ley. Máxime si esas leyes quebrantadas perjudican directamente a otros ciudadanos o alientan a terceros que en similar situación de carencia, realicen el mismo ilícito un tiempo después.

Esta no es la manera de afrontar un problema enorme. No lo es por parte de los usurpadores y tampoco lo es por parte del estado que resuelve la toma y posesión, prometiendo algo en desmedro de otros ciudadanos que tampoco tienen una vivienda digna.

No es la forma de solucionar un problema, prometiendo bajo la imposición que otra cosa debe pasar o de lo contrario “no nos sacan más”. No es la manera de demostrar quién manda, sino todo lo contrario y de algo pueden estar seguros, si así pretenden resolver este tipo de problemas… esto volverá a suceder.